Leo las "Bases para un acuerdo social por la educación" en relación con lo que está ocurriendo en Chile. El documento, que no firma nadie -ni como colectivo ni como persona individual-, contiene una serie de principios interesantes, modernos, populistas y, por qué no decirlo, bastante difíciles de alcanzar sin un compromiso generalizado de toda la población.
Copio un trozo que me sirve especialmente para la reflexión que quiero hacer:
"La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica.
En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social.
Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país".
Estos principios que se comentan son maravillosos y nadie en su sano juicio podría decir que van en contra de la lógica. Pero esto no es gratis. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el Estado somos todos, por lo tanto, sus recursos son los nuestros. La gratuidad de la educación debe estar avalada, tal como explica el documento, por "nuevas formas de financiamiento". Pero esas no son nuevas: se llaman impuestos.
Los estados del bienestar en Europa tienen una fuerte carga impositiva no solo en cuanto a los ingresos, sino también en otros aspectos de la vida cotidiana. Así, a ojo, creo que en España se paga algo así como el 30% y me parece que en otros países el porcentaje es mayor. Y han funcionado de forma adecuada por muchos años, hasta ahora que la misma situación financiera está llevando a los gobiernos (principalmente a los de derecha) a recortar el financiamiento de la educación pública y fomentar el crecimiento de la privada (con lo cual evitarían ceder una parte importante del dinero que reciben).
Pero la educación no es una ONG (o no debería serlo). Cuando hablamos de gratuidad, se pierde el concepto: la educación no es gratuita, la pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. ¡TODOS! Siempre de forma proporcional en cuanto a los ingresos, si la carga impositiva se aumenta de acuerdo a la renta, y de forma equitativa para aquellos impuestos que sean iguales para todos, como el caso del IVA.
El Estado no tiene dinero (o no debería tenerlo) por sí solo, sino que redistribuir los recursos cedidos (vale, de forma obligatoria) por los ciudadanos, de forma equitativa, para tener no solo una educación pública de calidad, intercultural, democrática, autónoma, pluralista y moderna, sino también un sistema sanitario público que dé cobertura a toda la población de forma eficiente. Pero para eso, señoras y señores, hay que pagar impuestos ¡y muchos!
La reforma educativa, por lo tanto, requiere de muchos otros cambios más profundos que no se pueden exigir libremente al gobierno de turno -menos todavía en el corto plazo- cuando el problema viene desde mucho más atrás: 17 años de dictadura y 20 años de democracia.
No hay que perder la perspectiva: el problema de la educación en Chile no surgió después del terremoto, sino que ha sido uno de los temas más complicados de las últimas décadas. Quizás sea por eso que las reformas o modificaciones que se han hecho en este ámbito han sido cortoplacistas y no han repercutido en otra cosa que en la nefasta calidad que actualmente tiene.
Entiendo que el cambio es deseable y necesario. Pero el camino no es la violencia, el vandalismo ni lo que hemos visto en las noticias los días pasados. En ese sentido, es mejor seguir el ejemplo pacífico de la mayoría de manifestaciones del movimiento 15-M en España que, salvo en un par de ocasiones y por entes ajenos a él, no se ha visto ensombrecido por enfrentamientos con las fuerzas de orden público. El diálogo y la actitud cívica responsable son la respuesta, porque el trabajo debe aspirar a ser constructivo y no a destruir no solo la estabilidad de un país, sino de todo el sistema.
Un año académico perdido no es un daño menor, pero si no se tiene la perspectiva para verlo es poco lo que se puede hacer. Y la culpa no será únicamente de las autoridades de gobierno, sino de todos los que han alentado el desorden y el caos. Porque una cosa es el legítimo derecho a huelga y otra muy distinta, es el vandalismo gratuito.
En suma, que me parece bien la iniciativa de generar un cambio, pero los cauces no están siendo, de ninguna forma, los adecuados. La presión social debe ir de la mano con una actitud responsable. Sí, queremos una educación gratuita y universal, pero si seguimos así, poco quedará de la educación como para rescatarla.
Copio un trozo que me sirve especialmente para la reflexión que quiero hacer:
"La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica.
En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social.
Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país".
Estos principios que se comentan son maravillosos y nadie en su sano juicio podría decir que van en contra de la lógica. Pero esto no es gratis. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el Estado somos todos, por lo tanto, sus recursos son los nuestros. La gratuidad de la educación debe estar avalada, tal como explica el documento, por "nuevas formas de financiamiento". Pero esas no son nuevas: se llaman impuestos.
Los estados del bienestar en Europa tienen una fuerte carga impositiva no solo en cuanto a los ingresos, sino también en otros aspectos de la vida cotidiana. Así, a ojo, creo que en España se paga algo así como el 30% y me parece que en otros países el porcentaje es mayor. Y han funcionado de forma adecuada por muchos años, hasta ahora que la misma situación financiera está llevando a los gobiernos (principalmente a los de derecha) a recortar el financiamiento de la educación pública y fomentar el crecimiento de la privada (con lo cual evitarían ceder una parte importante del dinero que reciben).
Pero la educación no es una ONG (o no debería serlo). Cuando hablamos de gratuidad, se pierde el concepto: la educación no es gratuita, la pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. ¡TODOS! Siempre de forma proporcional en cuanto a los ingresos, si la carga impositiva se aumenta de acuerdo a la renta, y de forma equitativa para aquellos impuestos que sean iguales para todos, como el caso del IVA.
El Estado no tiene dinero (o no debería tenerlo) por sí solo, sino que redistribuir los recursos cedidos (vale, de forma obligatoria) por los ciudadanos, de forma equitativa, para tener no solo una educación pública de calidad, intercultural, democrática, autónoma, pluralista y moderna, sino también un sistema sanitario público que dé cobertura a toda la población de forma eficiente. Pero para eso, señoras y señores, hay que pagar impuestos ¡y muchos!
La reforma educativa, por lo tanto, requiere de muchos otros cambios más profundos que no se pueden exigir libremente al gobierno de turno -menos todavía en el corto plazo- cuando el problema viene desde mucho más atrás: 17 años de dictadura y 20 años de democracia.
No hay que perder la perspectiva: el problema de la educación en Chile no surgió después del terremoto, sino que ha sido uno de los temas más complicados de las últimas décadas. Quizás sea por eso que las reformas o modificaciones que se han hecho en este ámbito han sido cortoplacistas y no han repercutido en otra cosa que en la nefasta calidad que actualmente tiene.
Entiendo que el cambio es deseable y necesario. Pero el camino no es la violencia, el vandalismo ni lo que hemos visto en las noticias los días pasados. En ese sentido, es mejor seguir el ejemplo pacífico de la mayoría de manifestaciones del movimiento 15-M en España que, salvo en un par de ocasiones y por entes ajenos a él, no se ha visto ensombrecido por enfrentamientos con las fuerzas de orden público. El diálogo y la actitud cívica responsable son la respuesta, porque el trabajo debe aspirar a ser constructivo y no a destruir no solo la estabilidad de un país, sino de todo el sistema.
Un año académico perdido no es un daño menor, pero si no se tiene la perspectiva para verlo es poco lo que se puede hacer. Y la culpa no será únicamente de las autoridades de gobierno, sino de todos los que han alentado el desorden y el caos. Porque una cosa es el legítimo derecho a huelga y otra muy distinta, es el vandalismo gratuito.
En suma, que me parece bien la iniciativa de generar un cambio, pero los cauces no están siendo, de ninguna forma, los adecuados. La presión social debe ir de la mano con una actitud responsable. Sí, queremos una educación gratuita y universal, pero si seguimos así, poco quedará de la educación como para rescatarla.
Que fuerte, Tomás. Lo que está pasando en Chile es bueno, en cierta forma. Yo sí estoy de acuerdo con una educación pública y gratuita, no es que nadie paga o no es gratis porque se pagan impuestos, sino que sencillamante todos los ciudadanos tienen, al menos a priori un derecho a la educación, donde no pagan una cuota mensual para estudiar una carrera universitaria. En la Argentina, es así. Es nuestro único gran logro y del cual estamos muy orgullosos...
ResponderEliminarEn otros países, léase en Francia, y en Alemania son los únicos países donde aún existen formas para este principio.
No así en España donde incluso explicar el concepto es harto difícil.
Lamento estar en desacuerdo. Apoyo las luchas estudiantes en Chile por este motivo principal. Sï,¡Viva la Educación Pública y Gratuita!
No estoy en contra de la educación pública y gratuita (solo basta con mirar dónde trabajé el año pasado y dónde estoy trabajando ahora).
ResponderEliminarMe parece erróneo el concepto: la educación no es gratis y alguien tiene que pagar por ella. Por derivación, si es pública y gratuita, la sostiene el Estado. Y el Estado se sostiene con impuestos principalmente (además de otras entradas que se salvan de las privatizaciones). Y los impuestos los pagamos todos. Es decir, al final, la educación la pagamos igualmente pero de forma indirecta.
Lo que la gente en Chile debe entender es que con el actual sistema impositivo se está a años luz de conseguir un estado de bienestar sostenible. Y para conseguir una educación digna y de calidad hay que esforzarse e implicarse como ciudadano, como estudiante, como familias, como profesores y profesoras...
Por pedir, yo quiero todo gratis, ¡TODO! Pero esa utopía sí que no existe. Lo que quiero, simplemente, es destapar el engaño que hay detrás del concepto de gratuidad. Que haya una educación pública, pero que sepamos que eso cuesta dinero, muchísimo dinero.
Y como te decía, sí estoy contigo en la educación pública, gratuita, laica, intercultural, democrática e independiente (que es más o menos lo que plantea la constitución en sus bases para los ciudadanos). ¿Quién paga entonces?
Lo que Chile sí debe hacer, sobre todo cuando su economía está en forma, es destinar a la educación lo que la UNESCO dispone como aceptable: el 7% de su PIB, como mínimo. En Europa están optando por el 6%, pero no de manera uniforme en los países de la unión. Ahora mismo, Chile destina solo una cifra que ronda el 3%. Si esa cifra se dobla, se podría ofrecer un sistema menos privatizado que el actual, fomentando la educación pública. No obstante, todavía se estaría a años luz de poder ofrecer una educación gratuita en todos los niveles académicos, al menos por un importante periodo de tiempo.
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