El
Gobierno aprueba la Lomce, una ley que nace muerta, que va a empeorar el
paupérrimo sistema educativo español y que no aporta nada nuevo.
Más bien retrotrae la educación a tiempos pasados, desconfía de sus maestros y del profesorado, no propone mejoras en el acceso a la función docente e ignora todos los estudios internacionales respecto a coeducación, equidad, integración, etc.
Favorece la desaparición de la educación cívica real y se instaura una ética de tinte religioso (obviando la laicidad del Estado español), ignora los dictámentes de los tribunales respecto a los conciertos de centros que separan por sexo, entre otras.
Lo peor de todo, es que es una ley que se aprueba sin consenso, que no ha tenido en cuenta al colectivo docente ni a los padres ni a los estudiantes. Ha sido diseñada desde despachos, sin vínculo alguno con la realidad de los centros. Y tampoco ha tenido en cuenta la situación crítica de las comunidades autónomas para hacer frente a los costes que implica la implantación de una nueva ley educativa. Es más, su memoria económica se hará "sobre la marcha", según anunció el ministro. ¡Temblad autonomías!
Y podría seguir un buen rato, pero no hace falta. Ellos ya se encargarán de venderla como la alternativa necesaria y deseable en las próximas semanas. La gente terminará por creer que es así, porque en medio de este caos, cualquier cosa que prometa será bienvenida. Pero nada cambiará, e incluso, empeorará los resultados actuales. Todo esto si es que le da tiempo a tener recorrido, porque según cambie el Gobierno, cambiará la ley. Así nos va, así les va...
Más bien retrotrae la educación a tiempos pasados, desconfía de sus maestros y del profesorado, no propone mejoras en el acceso a la función docente e ignora todos los estudios internacionales respecto a coeducación, equidad, integración, etc.
Favorece la desaparición de la educación cívica real y se instaura una ética de tinte religioso (obviando la laicidad del Estado español), ignora los dictámentes de los tribunales respecto a los conciertos de centros que separan por sexo, entre otras.
Lo peor de todo, es que es una ley que se aprueba sin consenso, que no ha tenido en cuenta al colectivo docente ni a los padres ni a los estudiantes. Ha sido diseñada desde despachos, sin vínculo alguno con la realidad de los centros. Y tampoco ha tenido en cuenta la situación crítica de las comunidades autónomas para hacer frente a los costes que implica la implantación de una nueva ley educativa. Es más, su memoria económica se hará "sobre la marcha", según anunció el ministro. ¡Temblad autonomías!
Y podría seguir un buen rato, pero no hace falta. Ellos ya se encargarán de venderla como la alternativa necesaria y deseable en las próximas semanas. La gente terminará por creer que es así, porque en medio de este caos, cualquier cosa que prometa será bienvenida. Pero nada cambiará, e incluso, empeorará los resultados actuales. Todo esto si es que le da tiempo a tener recorrido, porque según cambie el Gobierno, cambiará la ley. Así nos va, así les va...
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