Derechos y deberes van juntos

domingo, 21 de julio de 2013

Hablar de derechos humanos, aquellos inherentes a los individuos por el solo hecho de existir, no pone en entredicho, bajo ningún tipo de circunstancia, a los deberes y responsabilidades ciudadanos. Es un argumento común demonizar la defensa de los derechos como forma de menospreciar los deberes, pero en ningún caso es la respuesta que se pretende ofrecer.

Asumir un derecho implica, evidentemente, la generación de una serie de responsabilidades en el individuo que es sujeto de ese derecho. Por ejemplo, el acceso a la educación -sobre todo la obligatoria, según la ley fundamental de cada Estado- debería ser universal, gratuito y de calidad. Pero eso no quita que los ciudadanos deban cumplir una serie de requisitos y condiciones para sacar provecho de esa educación.

Universal no quiere decir libertina y gratuita no quiere decir que no tenga costes. Costes en cuanto a esfuerzo personal y académico, para los individuos; y costes monetarios, para el Estado. Por ello, es necesario también contar con un sistema impositivo que sea capaz de sostener ese sistema universal y gratuito, porque el hecho de que los ciudadanos no paguen directamente no significa que su puesta en marcha y funcionamiento no tenga coste alguno. Es más, si hay un sistema impositivo justo, que vaya en concordancia con los ingresos y que persiga el fraude y la evasión fiscal, son los ciudadanos los que realmente están pagando el sistema educativo con sus impuestos, eso no lo podemos perder de vista. 

El Estado, como ente político, no regala nada que no haya repercutido en los individuos de alguna manera. Si el Estado tiene dinero, es porque lo ha obtenido de impuestos o por otras vías establecidas en la Constitución y las leyes. Y es que una falacia habitual que se utiliza para atacar el Estado de bienestar es que el Estado no es capaz de mantener el sistema. La respuesta es que sí lo es, siempre y cuando exista una estructura en la que los ciudadanos sean parte responsable del proceso y fuente de derecho a los servicios básicos, y no meros receptores de beneficios otorgados por caridad por un Estado paternalista.

El Estado de bienestar no es un sistema monárquico donde el rey (Estado) es caritativo con sus súbditos (ciudadanos). Por el contrario, es un sistema interrelacionado donde los ciudadanos son parte del Estado, por cuanto son los que sostienen económicamente el Estado de bienestar con sus deberes y responsabilidades civiles, en los que se debe favorecer la equidad en el acceso a los beneficios y prestaciones sociales; y la eficiencia, en cuanto a los deberes y derechos, y la forma de ejercerlos. El Estado, por sí solo como ente independiente, no es capaz de sostener nada.

Si bien es cierto que no hay consenso en la definición de Estado, variante a lo largo de la historia y de la disciplina que lo aborda, es cierto que casi siempre se dan cita elementos como: organización y sociedad. Entendido así, es necesaria esa estructura social que sostenga a un Estado, porque por sí solo no es más que un conjunto vacío de individuos. El Estado forma parte de la vida de los individuos y estos son los que permiten al Estado funcionar y sostenerse. 

Con esto quiero repetir, ya para cerrar este post, que el Estado no es "padre" de la sociedad ni de los ciudadanos; tampoco es el proveedor ni la fuente inagotable de recursos. El Estado es una estructura social organizada en la que los ciudadanos se someten a deberes y responsabilidades, a cambio de la defensa y goce de sus derechos como individuos (derechos humanos). Y, dependiendo de los derechos y deberes que estemos dispuestos a disfrutar, tendremos un modelo de Estado u otro. Pero eso ya es tarea para otra entrada del blog.

¡La educación sí es un derecho!

jueves, 11 de julio de 2013

Axel Kaiser, autor de una columna de El Mercurio.com que ha encendido las redes sociales en Chile y más allá de sus fronteras, propone en ¡La educación no es un derecho! que existen una serie de "bienes económicos" que arbitrariamente se han reconvertido en derechos por interés de ciertos grupos.

Según el autor, la educación no sería más que "un bien escaso que satisface necesidades o deseos" y niega que esta sea un "derecho social", porque la sociedad en sí misma "no es más que una abstracción, y las abstracciones, a diferencia de los individuos, ni pueden ser titulares de derechos, ni por supuesto tampoco sujetos de obligaciones. Un derecho llamado "social", entonces, no es más que una exigencia de beneficios materiales que un grupo determinado de individuos plantea a otro grupo en general indeterminado de individuos sin ofrecer una contraprestación a cambio".

No obstante, me gustaría recordarle a Kaiser que la educación está considerada como uno de los derechos humanos y no únicamente como derecho social, por lo cual sí es inherente al individuo y no a esas "abstracciones" incapaces de ser titulares de derecho. Es curioso que el autor de la polémica columna solo recurra a los derechos "sociales" como argumentación, cuando ellos no son otra cosa que parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, o ICESCR en inglés) que a su vez forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU.

De todas formas, es interesante fijarse en pequeños detalles: Kaiser sostiene que los "derechos sociales" pertenecen a la "sociedad" a la que califica de abstracción; pero, la propia definición que da la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se refiere a ellos como "inherentes a la persona", sin mencionar que sean individuos en sociedad quienes puedan disfrutar de esos derechos, sino cada persona por el simple hecho de existir.

Además, es necesario aclarar que el Gobierno de Chile ratificó los contenidos tanto de uno como de otro. El PIDESC, cuyo artículo 13 establece que "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz". El texto completo se puede leer en http://www.bcn.cl/lc/tinterna/tratados_pdf/tratado_dani616.pdf.

Con estas aclaraciones, es absolutamente necesario reconocer que la educación sí es un derecho y no un bien escaso o un servicio. El ser humano, dueño inherente de derechos atribuibles a la persona por el simple hecho de haber nacido (no olvidemos que los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición), tiene derecho a la educación según el derecho internacional acordado y ratificado por los países miembros de la ONU. De esta manera, su artículo 26 establece 3 ideas muy claras:
  1.  Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
  2.  La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
  3.  Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si a alguien todavía le queda alguna duda de que la educación es un derecho, sería interesante comprender que el individuo no es un beneficiario de la educación, es decir no debería ser un "comprador de un servicio" ni el "receptor de un acto benéfico", sino que es sujeto de un derecho propio ligado a su existencia. Entender la educación de cualquier otra forma no es más que una tergiversación ideológica economicista con profundos intereses particulares.

Si queremos hablar de beneficios otorgados por la educación, deberíamos dejar de lado los puramente económicos y centrarnos en los beneficios cívicos, sociales, humanos, profesionales y personales que aportan al conjunto de la sociedad, de la Nación, del Estado, que no son abstracciones sino realidades concretas en las que vivimos a diario.

Un sistema educativo eficiente y universal es la herramienta capaz de eliminar lacras como el tan arraigado clasismo, que predetermina a la persona a un desarrollo dependiendo del entorno socioeconómico y cultural en el que ha nacido, echando por tierra las opciones de movilidad social y emprendimiento personal. Una ciudadanía educada permite mejorar los índices económicos, pero también mejora la convivencia social y ciudadana. Si el objetivo de la educación no fuese solamente hacia la consecución de una mejor posición económica, sino donde el individuo sea reconocido por los demás haciendo uso de valores tan necesarios como el esfuerzo, el trabajo y la responsabilidad, Chile tendría muchas mejores herramientas para enfrentar un nuevo período de su historia, con más y mejores técnicos y profesionales, apostando por la innovación, la investigación y el desarrollo; y, sobre todo, dejando atrás las estructuras colonialistas y postcolonialistas sobres las que se sigue estructurando la sociedad, una sociedad que no termina de entrar en el siglo XXI.