Equidad en el acceso a la educación

lunes, 24 de septiembre de 2012

En Navarra se quejan de que el ataque a la "educación diferenciada" (que separa al alumnado en niños y niñas) es ideológico y económico, además de calificarlo de un atentado contra la libertad de elección. ¡No! Ni lo uno ni lo otro: quien quiera una educación diferenciada, que la pague de su bolsillo. La educación que recibe fondos públicos debe ser concordante con las leyes vigentes: de libre acceso para todos y todas, sin ningún motivo de discriminación. Eso sí es libertad de elección de centro.

Pero como el ministro Wert saca de su bolsillo una nueva ley y contraviene las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, ahora tendrán una justificación legal de primera línea para separar al alumnado. ¿Por qué la educación debe volver al pasado y separar por sexo? Si la sociedad nos lleva a compartir espacios y lo que se busca es una cohabitación equitativa de todos y todas, ¿por qué habríamos de educarlos en ambientes distintos? Preguntas sin respuesta...

La situación educativa en España no pinta nada bien. Tampoco en Chile. España ha invertido millones de euros en un sistema que, si bien ha tenido mejoras, no ha podido sostenerse debido a un vaivén político que lo vapulea y lo maneja a su antojo. Está claro que la educación es un instrumento político y adoctrinador: más educación implica más gente preparada y con espíritu crítico; menos educación, una masa de borregos que es más fácil manejar al antojo del grupo de turno. Pero es también la única herramienta de futuro para que una sociedad se transforme y crezca en todos los aspectos: cultural, social y económico. Y he aquí la paradoja: una sociedad más preparada, será más productiva y eficiente. Entonces, ¿por qué en tiempos de crisis se recorta la educación cuando se supone que es la respuesta adecuada para salir de ella?

Mucho se habla de que España está perdiendo a la generación mejor preparada de su historia. Esto, implícitamente, afirma que el sistema educativo no va mal encaminado y que la inversión de los últimos años no ha sido en vano. No obstante, se recorta y se "redistribuyen los ingresos", provocando hacinamiento en las aulas, menos profesores y apoyos educativos, menos becas, menos transporte, menos alimentación para estudiantes, etc. Y todo esto, justificado por un "derroche" de recursos mal invertidos. Pura contradicción.

Pero dejemos de lado el tema "económico" y centrémonos en el social. El sistema educativo en España fue reconocido como uno de los más equitativos hasta hace poco, porque permitía el acceso a la educación a todo quien quisiera, ofertando becas totales o parciales, y con una oferta amplia de opciones, desde la Formación Profesional (un área que todavía requiere desarrollo) hasta la Universidad. No obstante, la nueva política es poner la educación a disposición de quien pueda pagarla, olvidando los principios de cohesión social y equidad como beneficios importantes para una sociedad y para un Estado.

El paso que da España es hacia la realidad actual chilena: un sistema que marca una diferencia socioeconómica desde la base, además de polarizar las ideologías y las posturas políticas y religiosas desde el aula: educación privada y de calidad para algunos; educación pública y desmejorada para otros. Es cosa de abrir los ojos y mirar la situación en Chile para saber que esa no es la respuesta adecuada. El acceso equitativo a la educación hace mejor a una sociedad: más abierta, más crítica, mejor preparada, más productiva, más culta, con más recursos, con mayor espíritu emprendedor, etc. ¿Por qué España emprende ahora ese camino? Las voces que apuntan a la ideología como eje motivador, pueden no estar en absoluto equivocadas.

Reducir la inversión en educación (entendamos de una vez que, aunque parezca un gasto a corto plazo, es una de las inversiones más rentables a futuro) es sentenciar de muerte a una sociedad del siglo XXI y reducirla a una posición de mero espectador ante un sistema político y económico que toma las medidas que quiere. El circo romano en versión moderna, donde se abuchea o se aplaude, pero donde ellos no pierden posiciones. Las democracias actuales deberían apostar por el camino contrario: hacer más equitativo el acceso y la permanencia en la educación obligatoria y postobligatoria, como único camino para entrar mejor en las siguientes décadas del actual siglo.

¿Todavía hay dudas al respecto? No debería. Y la sociedad, la clase política, todos y todas debemos comprender que no hay otra solución más a mano que forjar un sistema educativo abierto e igualitario, que permita dotar a todos los ciudadanos de las mismas opciones de futuro. Pero esa educación requiere una inversión y los ciudadanos y ciudadanas debemos pagarla. ¿Cómo? De forma indirecta, a través de impuestos. Porque el Estado somos todos y el dinero del Estado es, en suma, nuestro dinero. No se puede exigir una educación gratuita, porque tal cosa es una falacia. La educación como inversión requiere mucho dinero y ese, señoras y señores, debemos aportarlo todos. A no ser que alguien descubra que el dinero crece en los árboles, pero como eso todavía no ocurre, el origen deberá ser nuestro bolsillo. Reivindicar otras formas de educación pública no es más que demagogia en estado puro.

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